ONU Bolivia recomienda invertir en el empoderamiento económico de las mujeres
La Paz, 8 de marzo (Naciones Unidas).- En el Día Internacional de la Mujer, Naciones Unidas hace un llamado urgente para trabajar de forma conjunta y coordinada para garantizar el cumplimiento de los derechos de las mujeres y las niñas. Para ello, uno de los principales retos es lograr el empoderamiento económico de las mujeres y así lograr la igualdad de género, la erradicación de la pobreza y el crecimiento económico inclusivo, como plantea la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular su quinto objetivo.
El empoderamiento económico y la participación política de las mujeres se constituyen en exigencias y requisitos para avanzar hacia una democracia paritaria y real que contribuya al desarrollo sostenible y a economías más sólidas e inclusivas.
La desigualdad económica entre los géneros es un problema enraizado que proviene de las relaciones históricamente desiguales de poder y que se materializa con la discriminación, la desigualdad social y la violencia que sufren las mujeres.
El Estado Plurinacional de Bolivia ha realizado importantes avances en los últimos años para el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de empoderamiento económico de las mujeres y lucha contra las discriminaciones de género. La participación laboral de la mujer boliviana es la más alta de la región (62%), frente al 51% que se registra en América Latina y el Caribe. Sin embargo, sigue siendo menor que la de los hombres. También existe un alto nivel de vulnerabilidad e informalidad y una importante concentración en sectores de baja productividad, particularmente en el caso de las mujeres indígenas. El 60% de las mujeres se encuentran insertas en este tipo de ocupaciones, frente al 40% de los hombres. En Bolivia, según el informe del INE "Salarios, remuneraciones y empleo del Sector Privado", entre 2008 y 2015 la brecha salarial entre hombres y mujeres se incrementó de 60 a 410 bolivianos.
Estas desigualdades económicas están directamente vinculadas con el trabajo doméstico no remunerado y el trabajo de cuidado de la población infantil, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Estas tareas recaen fundamentalmente en las mujeres y niñas, sobre todo en las más pobres, sumiéndolas en un círculo vicioso de informalidad y precariedad laboral.
En este marco, en marzo del 2017 se desarrollará el 61º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW61). Para ello las Ministras y Altas Autoridades de América Latina y el Caribe, se reunieron en Panamá del 6 al 8 de febrero de 2017 con motivo de la Consulta Regional previa al CSW61, espacio donde los gobiernos de nuestra región identificaron los siguientes obstáculos estructurales para el empoderamiento económico de las mujeres: la desigualdad socioeconómica y la persistencia de la pobreza; los patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos y el predominio de la cultura del privilegio; la división sexual del trabajo, la injusta asignación social del cuidado; y la concentración de poder y las relaciones de jerarquía en el ámbito público.
En el marco de esta problemática, el Sistema de las Naciones Unidas plantea, como posibles soluciones, que los países promuevan políticas macroeconómicas con perspectiva de género destinadas a estimular la actividad económica, proteger y ampliar el empleo productivo y reconocer el aporte económico que las mujeres realizan a través del trabajo de cuidado no remunerado.
Como complemento a estas políticas macroeconómicas, resulta necesario que los países:
- Promuevan, en el sistema educativo, la educación igualitaria y la eliminación de los estereotipos de género, a través de la formulación y aplicación de estrategias y programas que aseguren el acceso universal de las mujeres y las niñas a la educación integral con perspectiva de género.
- Aseguren a todas las mujeres y niñas el acceso a servicios sociales básicos, asequibles y de calidad como la educación y la salud, incluida la salud sexual y reproductiva, con pertinencia etaria y étnica.
- Garanticen el acceso a los sistemas y programas de protección social a todas las niñas y mujeres sin discriminación por razón de sexo, género, edad, nacionalidad, raza, grupo étnico, situación laboral, estatus migratorio, condición de discapacidad, o cualquier otra condición, y que incorporen, además, servicios de cuidado.
- Promuevan prioritariamente el empoderamiento económico y el acceso a empleos de calidad para las mujeres más vulnerables, incluyendo madres solteras del área rural, mujeres indígenas, mujeres víctimas de violencia, mujeres víctimas de trata y mujeres privadas de libertad, entre otras.
Sólo de esta forma se lograrán cambios de gran envergadura: que los hombres se ocupen también de la tarea de los cuidados, del trabajo doméstico, que las mujeres participen y que las niñas tengan la libertad de crecer en pie de igualdad con los hombres. Es preciso que todas las instancias de la sociedad civil, del Estado y del sector privado, hagan ajustes si se desea mejorar el acceso de las mujeres a empleos de calidad, y hacer realidad los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, hacia la promesa de un mundo igualitario, sin discriminación y sin violencia.
Es importante destacar que las políticas de empoderamiento económico de las mujeres tienen beneficios en cascada para el desarrollo de las sociedades en su conjunto. No solo contribuyen al crecimiento económico y al fortalecimiento de la igualdad de género sino que permiten avances significativos en la reducción de la pobreza, del hambre, de las desigualdades socioeconómicas y de los múltiples factores de inseguridad humana. Permiten reducir la vulnerabilidad de las mujeres frente a la violencia y frente a las redes criminales que lucran con la pobreza y la miseria (trata de personas, narcotráfico, etc.). Por ende, las políticas de empoderamiento económico de las mujeres constituyen estrategias eficaces para construir sociedades más pacíficas, más justas y con oportunidades.
En esta ocasión es importante destacar las palabras del Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres: "Debemos comprometernos a hacer todo lo posible para superar los prejuicios arraigados, apoyar la participación y el activismo y promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer."
Más información:
Campaña HeForShe de ONU Mujeres
Respecto a las violencias patrimoniales, económicas y laborales hacia las mujeres en Bolivia, vea las siguientes infografías, difundidas entre el 25 de noviembre y en 10 de diciembre de 2016, en el marco de la campaña "ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres":
Violencia patrimonial y económica