Este informe forma parte de un conjunto de estudios realizados por UNODC sobre las amenazas de delincuencia organizada alrededor del mundo. Estos estudios describen lo que se conoce sobre los mecanismos del tráfico de contrabando - el qué, el quién, el cómo y el cuánto de los flujos ilícitos - y discuten su impacto potencial sobre la gobernanza y el desarrollo. Su función principal es diagnosticar, pero también explorar las implicaciones que estos hallazgos pueden tener sobre las políticas.
Centroamérica y el Caribe, y en particular los países del Triángulo Norte, se enfrentan con niveles de violencia extremos, agravados por la delincuencia organizada transnacional y el tráfico de drogas. Según estudios realizados por UNODC, El Salvador, Guatemala y Honduras tienen hoy en día una de las tasas de homicidio más altas del mundo.
Por consiguiente, no cabe duda de que estos problemas transnacionales constituyen desafíos capitales para los países de la región y para la comunidad internacional en su conjunto. Las redes criminales y sus actividades amenazan la estabilidad, socavan las instituciones democráticas y perjudican la actividad económica tan importante para la región. Todas estas cuestiones son evidentes tanto en Centroamérica como en el Caribe.
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Los habitantes de Centroamérica consideran el crimen, y particularmente la violencia criminal, como uno de los problemas más importantes que sus países enfrentan hoy en día. Esta violencia está en gran parte atribuida al aumento del tráfico de cocaína a través de la región después de 2006. Aunque esta asociación es en parte cierta, la situación resulta mucho más complicada de la que comúnmente se piensa.
En el pasado, Centroamérica fue durante mucho tiempo una estación de reabastecimiento para los cargamentos que transportaban cocaína hacia el norte. Después de 2006, el año en el que el Gobierno mexicano implementó su nueva estrategia de seguridad nacional, se volvió más peligroso para los traficantes enviar la droga directamente a México, de modo que un mayor porcentaje del flujo comenzó a transitar por la zona centroamericana. Estas nuevas rutas atravesaron áreas controladas por los grupos de delincuencia organizada locales, alterando el equilibrio de poder entre ellos. Aunque estos grupos habían estado implicados durante mucho tiempo en el tráfico transfronterizo, el influjo de grandes volúmenes de cocaína aumentó las ganancias considerablemente, promoviendo la competición por el control territorial.
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La delincuencia es el principal asunto de política pública en varios países centroamericanos, decidiendo elecciones y cambiando la relación entre la población y sus gobernantes.El problema de la delincuencia en esta región ha sido bien estudiado, incluyendo trabajos recientes del PNUD y del Banco Mundial, así como evaluaciones previas de UNODC sobre Centroamérica (2007) y el Caribe (2007 con el Banco Mundial). No hay necesidad de duplicar este trabajo, por lo que el presente estudio se centrará en la que es ampliamente reconocida como la amenaza central que enfrenta hoy en día la región: el flujo de cocaína; los grupos criminales empoderados por este flujo; y la violencia asociada con ambos.
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En la primera evaluación global de UNODC sobre las amenazas de la delincuencia organizada transnacional ( The Globalization of Crime: A Transnational Organized Crime Threat Assessment, publicado en 2010) se habló de dos maneras de contemplar la delincuencia organizada. La primera, y más común, es centrándose en los grupos involucrados.
Pero el TOCTA global observó que la mayor parte de la delincuencia organizada transnacional es, más bien, sistémica o basada en el mercado. Mientras existan la oferta y la demanda, la eliminación de los intermediarios particulares no es suficiente para destruir el mercado. Esto es especialmente cierto en un mundo globalizado.
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La historia del tráfico de cocaína desde Suramérica a los Estados Unidos ha sido bien documentada. El flujo llegó a su punto álgido en los años 80. Durante la mayor parte de este periodo, los traficantes colombianos dominaron el mercado, y a menudo preferían utilizar el Caribe como área de tránsito. En los 90, los grupos colombianos fueron debilitados gracias a una rotunda aplicación de la ley, y los grupos mexicanos asumieron progresivamente el control de la mayor parte de la cadena del tráfico.
Como consecuencia de este cambio, una proporción cada vez mayor de cocaína entraba en los Estados Unidos por la frontera terrestre suroccidental. Inicialmente se preferían los cargamentos directos a México con escalas en Centroamérica limitadas en gran medida al reabastecimiento. Después del año 2000, y específicamente a partir de 2006, el desempeño de las fuerzas y cuerpos de seguridad aumentó los riesgos de realizar envíos directamente a México. En consecuencia, Centroamérica asumió una nueva importancia como área de tránsito y almacenamiento, y también partes del Caribe fueron reactivadas.
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Todos los migrantes quieren mejorar sus vidas. No todos ellos pueden cumplir con los requisitos administrativos para migrar legalmente a los Estados Unidos, de modo que algunos deciden infringir la ley y convertirse en "migrantes irregulares". Existen básicamente dos formas de hacerlo. Para aquellos centroamericanos que pueden permitirse el billete aéreo y pueden conseguir una visa, con o sin la ayuda de un agente, la manera más simple es volar hasta allí y permanecer más tiempo del autorizado por la visa. Para aquellos incapaces de obtener una visa, existe una ruta conocida y eficaz para atravesar México y cruzar la frontera clandestinamente. Cruzar ilegalmente la frontera estadounidense es bastante difícil, y la mayoría de los inmigrantes irregulares emplean traficantes. Este último flujo de personas- los migrantes traficados a través de México hacia los Estados Unidos - es el objeto de este capítulo.
Con decenas de miles de personas migrando irregularmente, no es sorprendente que parte de esta migración acabe en explotación. Tan pronto como los migrantes abandonan su suelo de origen, con la intención de trasladarse sin ser detectados, entran en un mundo sombrío. Ellos dejan su vida en manos de extraños que desobedecen la ley, y muchos pagan cara su decisión. Las mujeres son particularmente vulnerables: los migrantes irregulares femeninos comprenden alrededor del 20% del conjunto de migrantes.
La mayoría de las víctimas de trata centroamericanas detectadas en Centroamérica han sido tratadas con propósitos de explotación sexual, pero no está claro si esto es representativo de un conjunto de víctimas más grande. Las legislationes nacionales pueden prohibir específicamente la explotación sexual pero permanecen siendo vagas con respecto a otras formas de trabajo.
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Si el mayor problema de Centroamérica es la violencia, y el 77% de todos los homicidios de la región son cometidos con arma de fuego, entonces detener el flujo de armas hacia los criminales debe ser una cuestión de máxima prioridad. La amenaza de la violencia de las armas de fuego también está socavando la gobernanza en la región. La policía local siente aprehensión porque están desarmados, porque los delincuentes organizados tienen acceso a armas militares residuos de las guerras civiles, y porque ha habido algunos actos de violencia dramáticos que respaldan este temor. Este presunto desequilibrio de poder es utilizado para justificar la militarización de las funciones policiales. Por estas razones, es importante entender la naturaleza del mercado ilícito de armas de fuego regional.
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Es difícil medir el impacto de cualquier fenómeno social, en particular cuando se trata de cuestiones de naturaleza clandestina, como la delincuencia organizada transnacional. La siguiente discusión no aspira a ser exhaustiva, más bien se enfoca en cuatro áreas donde el impacto es relativamente claro: la violencia, el consumo de drogas, el desarrollo económico y la gobernanza.
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La siguiente discusión tiene como objetivo investigar algunas de las amplias implicaciones del trabajo descriptivo precedente. Estas no son "recomendaciones" per se. Proporcionar recomendaciones requeriría una revisión exhaustiva de las capacidades de los Estados afectados, de las intervenciones que se han intentado hasta la fecha y del impacto de las mismas. Sí se debe llevar a cabo semejante "evaluación de las necesidades", pero requeriría un estudio especializado, más allá del alcance del presente trabajo. La investigación presentada anteriormente más bien ha revelado algo acerca de la naturaleza de la amenaza con la que se enfrenta la región, y esto permite esbozar algunas conclusiones generales sobre lo que se puede hacer para reducir esa amenaza.
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