Entrevista con Francisco Santos Calderón, vicepresidente de Colombia

Francisco Santos Calderón llegó al Gobierno tras casi 20 años de carrera como periodista en le influyente diario El Tiempo, propiedad de su familia. En 1990, fue secuestrado durante ocho meses por el cartel de Medellín.  Una década más tarde, varias amenazas de muerte de la guerrilla lo  forzaron a exiliarse por dos años en España. Como vicepresidente, está  a cargo de tales temas como la defensa de los derechos humanos y  la lucha contra la corrupción.

Por Norha Restrepo

Dicen que en el amor y la guerra todo vale. En la lucha del Gobierno contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales tanto de izquierda como de derecha, ¿cómo se evitan los excesos que podrían atentar contra los derechos humanos? 

Yo no estoy de acuerdo que en el amor y la guerra todo vale. Ni en lo uno ni en lo otro, especialmente en la guerra. Este Gobierno ha sido muy claro en que su política de seguridad será legítima. Usted ve hoy en día en Colombia militares de todos los rangos, presos, juzgados por la corte civil por abusar de los derechos humanos. Colombia es una democracia que ha demostrado su solidez, que ha sobrevivido a pesar de las amenazas violentas de los grupos ilegales financiados por el narcotráfico. En Colombia se están derrotando estas organizaciones con total respeto por la democracia, por los derechos humanos, sin necesidad de legislación especial contra el terror. Simplemente con buena policía, voluntad política, controles institucionales, y con financiación. El respeto a nuestro marco democrático parte de un respeto a la libertad y al individuo que, desafortunadamente, estas organizaciones terroristas no tienen.

Hoy, miles de personas en Colombia están secuestradas, ya sea por razones políticas o económicas. Usted lo ha sufrido en carne propia en el '90. Poniéndose en el lugar de aquellos que están en cautiverio, ¿qué esperaría usted del Gobierno? 

Colombia pasó de tener 3.000 secuestros en el 2002 a tener menos de 500 este año [2005]. Eso quiere decir que vamos en la dirección correcta. Obviamente, 500 es mucho, 100 es mucho, pero cuando vemos la dimensión del problema, lo que se ha hecho para combatir el secuestro en Colombia es igualmente importante. Habiendo sido no solo víctima sino creador de una fundación que ha ayudado a las víctimas del secuestro, yo lo único que podría hacer es aplaudir lo que ha estado haciendo el Gobierno, que es combatir la criminalidad y no ceder contra el chantaje terrorista. Creo que eso es lo que la sociedad tiene que esperar del Gobierno, que le está devolviendo el futuro y la tranquilidad a los ciudadanos.

En este momento, ¿cree usted que es posible el intercambio humanitario? 

No es por falta de voluntad del Gobierno que no se ha dado un intercambio. Es por falta de voluntad de las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia], que pretenden doblegar a un Gobierno, a una sociedad, con un chantaje que no tiene nada de humanitario. Ellos secuestraron ciudadanos, ciudadanos que están hace 4 ó 5 años secuestrados. Obviamente, como vicepresidente, como víctima, soy sensible al dolor de las familias, tengo que serlo, pero tenemos que ser sensibles a las próximas víctimas. Si las FARC hubieran querido sentarse a negociar con el Gobierno colombiano, hace rato estas personas estarían libres. La voluntad del Gobierno es sacarlas por las buenas o por las malas, porque también seguimos y seguiremos buscándolas. Si las encontramos, la decisión del Gobierno es clara: es intentar, con todas las previsiones, un rescate.

La corrupción es otro flagelo que azota a países desarrollados y en desarrollo. ¿Qué lugar le da usted a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción? 

Estos mecanismos multilaterales son muy importantes. En el caso de la Convención de la OEA, hay mecanismos de supervisión y evaluación que nos han servido muchísimo. La de Naciones Unidas tiene también mecanismos muy importantes, pero creo que le hace falta uno: así como para los delitos de lesa humanidad está la Corte Internacional, yo quisiera que la corrupción, que es un delito que en muchos países tiene esa dimensión, tuviera sanciones muchísimo más fuertes. Ayudaría muchísimo que empresas que sobornaron a funcionarios públicos tengan sanciones muy importantes por parte de la Unión Europea, los EE.UU u otros países. Creo que ese es un tema que a esta Convención le hace falta porque a veces se mira el tema de la corrupción sólo desde el punto de vista público, del funcionario que recibe. Hace falta ser mucho más agresivos contra la corrupción en las empresas privadas.and other countries imposed severe penalties on companies that bribe public officials.

Si desea más información, consúltese  website